Por Daniel Vazquez
En la actualidad, cientos de personas en
nuestro país se encuentran sujetas a un proceso penal por diversos delitos que
se les imputan, que en ocasiones por estar en lugar equivocado, por malas
compañías e incluso sin ser el autor ni tener alguna relación con la conducta
tipificada como delito, se les llega a considerar como Probables Responsables
por el Ministerio Público mientras investiga la verdad histórica de los hechos;
situación que sin duda podrá terminar en un proceso jurisdiccional en el cual
su situación jurídica de indiciado pase a ser la de procesado.
Por otro lado, el Estado
también definido de manera precisa como la conjunción entre territorio,
población y gobierno, o como Max Weber lo definió, el ”Monopolio legítimo de la
violencia”, es el ente jurídico que se encuentra facultado mediante la división
de poderes de la que habló Montesquiev para hacer y ejercer los enunciados
impero-atributivos que normarán la conducta de la colectividad, reglamentando
las diversas materias de las que se compone nuestro sistema jurídico, del cual
se desprende el Derecho Penal, mismo que el maestro Jiménez de Asúa define como un “conjunto de normas y disposiciones jurídicas
que regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado,
estableciendo el concepto del delito como presupuesto de la acción estatal, así
como la responsabilidad del sujeto activo, y asociando a la infracción de la
norma una pena finalista o una medida aseguradora”; por esa razón se hizo mención al concepto de
Max Weber, toda vez que el Estado es el único facultado para ejercer la
violencia, ejercer esa punibilidad, la punición y la pena en la que se
desarrollan los tres poderes de la unión, a efecto de no dejar impune la
actividad dañina del individuo infractor.
Por lo anterior, podemos afirmar la necesidad
que existe para conocer acerca del procedimiento penal, tema que en el presente
documento nos avocaremos a desarrollar; estudiaremos esa instrumentación
normativa del Estado mexicano cuya finalidad es proteger a su población de la misma
población delincuente, que a diferencia del individuo que rompe las reglas,
este ente jurídico debe ceñir su conducta a lo expresamente establecido por las
leyes que emanan del mismo gobierno, toda vez que el Estado debe manejarse con
legalidad para dar una seguridad jurídica de la que habla el artículo 16 de
nuestra Constitución General de la República.
Habremos de estudiar el procedimiento penal en
todas sus fases, desde la etapa de Averiguación Previa con la institución del
Ministerio Público, en la cual se desarrollarán sus facultades y atribuciones como
órgano persecutor y acusador ejerciendo el ejercicio de la acción penal, para
posteriormente transformarse en parte de la trilogía procesal. Así mismo, se
analizará el proceso penal propiamente dicho, esto es, ya no se estudiará lo
relativo al órgano administrativo(MP), sino veremos a la autoridad
jurisdiccional, donde se podrán apreciar las facultades y competencias, así
como su fundamento y trabajo dentro de este juicio penal; pero para poder comprenderlo
de mejor manera es menester estudiar las pruebas tasadas en nuestra legislación
adjetiva, debiendo también hacer un análisis exhaustivo de los incidentes que
pueden plantear las partes a efecto de lograr una mejor defensa o acusación,
para concluir con los medios de impugnación ordinarios como lo son la
apelación, la denegada apelación, le revocación y la queja, concluyendo con el Juicio
de Amparo o Juicio de Garantías.
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