La duda taciturna que merodea la mente de la
ciudadanía es sencilla. El principal obstáculo para su esclarecimiento es la
multitud de factores a considerar y la injerencia de los intereses que buscan
mantener sombría su respuesta. Pues no
obstante que se insista en que todo es resultado de un proceso legislativo;
liso, llano y formal. El análisis desglosado de las causas que convergen en tal
crisol, permite encontrar las particularidades que consintieron la consumación
de tales reformas.
Si
se parte de la misma Constitución, se encontrará que la posibilidad de
su reforma está contenida dentro de sí. Planteando un procedimiento especial,
distinto al de la creación simple de normas, que contiene requisitos que se
encuentran destinados a dificultar la alteración, o aumentar el debate
necesario para modificar el texto constitucional.
En la medida en que los mencionados
requisitos para la modificación sean más complejos se considera que la constitución tiene una reformabilidad
rígida. En sentido inverso se estima flexible. Cabe mencionar que el texto
mexicano es uno de los más rígidos en comparación a otros países. En atención a
que reclama porcentajes especiales de votación en ambas Cámaras, además de la
aprobación de las legislaturas estatales.
Una vez expuesto lo anterior podemos
referirnos a tales salvedades como elementos jurídicos o meramente formales
para la reforma. Es así que, suponiendo ser un país democrático, para cubrir con la votación de las dos
terceras partes de los miembros presentes en el Congreso y con una mayoría de
Estados, la argumentación y el debate serán condiciones indispensables y arduas
para su consecución.
Sin embargo, saliendo del terreno formal,
y realizando un análisis metajurídico en lo político y económico, tales
condiciones se ven, y se comprenden, bastante insatisfechas.
Principalmente si observamos la
composición del Congreso mexicano en el cual el Senado se integra por: 54 (dos más de licencia) Senadores del
PRI, 38 Senadores del PAN, 22 Senadores del PRD, 7 Senadores del PVEM, 6
Senadores del PT y el caso especial de Mónica Arriola Gordillo que se considera
sin grupo parlamentario, pero tomando en cuenta su trayectoria y filiación
política se encuentra ligada a Nueva Alianza.
De manera similar se integra la cámara de
Diputados, con: 213 Diputados del PRI, 114 Diputados del PAN, 101 Diputados del
PRD, 28 Diputados del PVEM, 20 Diputados del Movimiento Ciudadano, 14 Diputados
del PT y 10 Diputados del Nueva Alianza.
En lo que hace a las legislaturas de los Estados se
muestran de la siguiente manera:
Es necesario realizar un mayor análisis en
torno a los Estados, pues la relación de estos con la Federación explica más
ampliamente la situación de las reformas. Tomando en consideración factores de
gran influencia como las políticas públicas, la seguridad y la economía.
La relación política entre los Estados y
el Gobierno Federal ha tomado un viraje interesante en lo que transcurre de los
últimos sexenios. Ya que anteriormente el sometimiento servil de los
gobernadores era aún más marcado que el de hoy en día. En especial porque todos
los gobiernos estatales pertenecían al PRI. Sin embargo recientemente, y además
de la alternancia, algunos gobernadores, incluso priistas, han comenzado a
rechazar decisiones Federales. Atendiendo, no a una iluminada concientización
social, sino a las ansias de fama electoral.
Esta búsqueda del protagonismo por parte
de los gobernadores crea una nueva dinámica en la que las negociaciones
políticas resultan más costosas. Empero, con todo y su ímpetu temerario, los
Estados deben ajustar su comportamiento si es que esperan recibir las ayudas
gubernamentales y los programas sociales que provienen de la Federación.
En consecuencia el intercambio entre fama
y obediencia es un espectáculo privado del cual la ciudadanía es una víctima excluida.
En una tendencia similar se encuentra el
problema de la inseguridad en el país, y con ella la injerencia inquisitiva del
Estado. En donde se observa a los cuerpos policiacos y a las autoridades
municipales y estatales, devoradas por la delincuencia.
En vista de la insuficiencia de los
anteriores para el restablecimiento de las condiciones de concordia, la
Federación despliega a las policías especializadas e incluso al ejército para
dar una atención al problema. Menciono lo anterior con demasiada reserva, pues
esa violencia desbordada ha sido alimentada por las decisiones del Gobierno,
con la cual obtiene las condiciones propicias para enviar a los aparatos
coercitivos y mantener una presencia armada directa en los Estados de la
República. Esto hace pensar en lo difícil que puede ser ir en contra de las
decisiones presidenciales, cuando son sus armas las que andan por las calles.
Mucho de lo anterior se entiende cuando se
analizan los aspectos económicos del país. En los cuales se aprecia que sus principales
ingresos, dejando fuera el petróleo, provienen de la recaudación del Impuesto
sobre la renta (ISR) que aporta 1, 006, 376. 9 millones de pesos y el Impuesto
al valor agregado (IVA) que corresponde a 609 ,392. 5 millones pesos. Ambos son
impuestos Federales.
Aunado a ellos se encuentra la aprobación
del Presupuesto de Egresos, que si bien es una facultad exclusiva de la Cámara
de Diputados, la iniciativa corre a cargo del Ejecutivo Federal. Además de que,
como ya se mostró, ambas Cámaras se componen por mayorías alineadas al
Presidente.
Los expuestos, junto con demás factores,
explican la influencia de la Federación sobre los Estados y en consecuencia las
votaciones que integran el Congreso.
Avanzando sobre el análisis, resulta
ineludible dejar de observar que el último periodo de numerosas reformas en el
país, tuvo lugar durante el periodo de Carlos Salina de Gortari. Durante
este sexenio el Congreso estuvo
integrado por la LIV y LV legislaturas. Los números de sus legisladores
recuerdan mucho a los mostrados con anterioridad. Sin soslayar que la
superficie del país era francamente priista.
La principal conclusión que se desprende de todo esto
es la obvia satisfacción que los factores metajurídicos aportan a los
requisitos formales para la reforma constitucional. Creando este proceso de
ficción. Donde el debate legislativo se
cierra a los grupos que aprobaron las reformas desde antes del debate y los llamados opositores que, sabedores de esta situación,
se sitúan en la cómoda posición de emitir cuanto juicio o argumento falas,
revolucionario, cierto o populista les venga en gana. La decisión ya está
tomada con anterioridad. Únicamente se celebra una descarada simulación
legislativa muy parecida al ceremonial electoral descrito por Gonzales
Casanova.
Mientras tanto los ciudadanos se
encuentran excluidos de todo tipo de debate público, no obstante que las
sesiones de las Cámaras deben permitir el ingreso de la población.
Para continuar con la simulación
insatisfactoria son emprendidas las giras mediáticas en las que ya sea el
Presidente en sus diálogos acartonados y superficiales o sus Secretarios de
Estado diciendo nada y lo mismo, intentan convencer a los convencibles de que
basta esperar para gozar de las mieles de la abundancia que llegaran con las
reformas.
Queda claro que hay toda una variedad de
factores e intereses económicos y políticos comandados por los grandes
monopolios nacionales y transnacionales que han excluido a los ciudadanos de
las iniciativas propuesta por el Presidente, mientras que el proceso de debate
Legislativo es un simple trámite para su aprobación.
Carlos Ernesto Alonso Beltrán
@CarlosAloBelt
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