A propósito de la situación de inseguridad
que afecta a la mayor parte del territorio Mexicano, en atención a diversos
factores, es evidente que uno de los principales problemas que enfrenta el
Gobierno Mexicano, es la incapacidad para garantizar un Estado de Derecho dónde
la convivencia día con día se desarrolle en un entorno seguro, mediante un
adecuado y eficiente sistema de Seguridad Publica.
Ahora bien, es importante tomar en cuenta
que para abordar el tema de inseguridad debemos contextualizarlo como un
fenómeno social, que se extiende desde los rincones más alejados del país hasta
las grandes urbes, y afecta a las distintas clases sociales, sin distinción
alguna, donde en términos generales los
factores pueden ser económicos, sociales o psicológicos.
Es evidente que la eficiencia del sistema judicial en México está en tela
de juicio, probablemente por la nula
impartición de justicia, y la corrupción e impunidad que existe,
pareciendo ser el común denominador
dentro de los servidores públicos que se encargan aparentemente de hacer
cumplir nuestros ordenamientos jurídicos, sin embargo, creo firmemente
que antes de llegar a la discusión sobre una adecuada o deficiente impartición
de justicia, debemos darle su grado de responsabilidad, a la prevención del
delito.
Por consiguiente debemos entender en
términos generales como prevención la toma
medidas encaminadas a realizar acciones para evitar una conducta o un comportamiento que pueda dañar
o convertir a la población en sujetos o víctimas del delito, tomando en cuenta que prevención del delito es un componente
central en toda estrategia de control del crimen y la violencia, indispensables
para la disminución del delito en México.
Es por lo anterior la importancia de
legislar en materia de prevención ya que las políticas públicas en la materia atienden a identificar factores de riesgo
presentes en el individuo, en la familia, en los espacios públicos, en la
comunidad, para evitar que se traduzcan en actos criminales. En pocas palabras,
actuar antes de que se infrinja la Ley y se lastime a una persona, a o un grupo
de ellas.
Me llama
la atención que el sector salud, entro otros, se dé cuenta que prevenir cierto tipo de
enfermedades, es por mucho mejor a que tener que combatirlas cuando ya se
encuentran desarrolladas, lo anterior en términos económicos, de rentabilidad y
de eficiencia; hay una frase popular que dice “más vale prevenir que lamentar“,
es decir, es evidente que la prevención en general juega un papel sumamente
importante, sin embargo tal parece que nuestros legisladores no lo consideran
conveniente al menos no, para la prevención del delito.
Todo parte de lo siguiente; en México no se
tiene un ordenamiento jurídico específico para
prevenir el delito, y que nos brinde las herramientas necesarias para
desarrollar, proyectos o programas realmente eficientes, que se puedan medir
cuantitativamente y que nos ayuden a realizar acciones enfocadas a disminuir las
amenazas, el riesgo y las oportunidades de que el delito ocurra mediante la
identificación y eliminación de causas, elementos de oportunidad y condiciones
sociales que permitan que la delincuencia se desarrolle y fortalezca.
Muy pocos estados cuentan con una Ley
específica en la materia, en el Distrito Federal se acaba de implementar en el
mes pasado la Ley de Prevención Social del Delito, sin embargo, en materia
federal no hay una homologación, siendo como anteriormente lo dijimos, un
problema de dimensiones sociales.
Por último, quiero dejar un pequeño exhorto
en el sentido de que nuestros legisladores, den más importancia a legislar
sobre políticas públicas en materia de prevención, que tengan estén respaldadas
por un marco jurídico y un programa que puedan ser evaluados con éxito,
cualitativa y cuantitativamente, reitero;
“más vale prevenir que lamentar “.
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